La crisis social de la República. El intento de reforma de los hermanos Graco


La expansión territorial romana, más que ayudar a la obtención de la igualdad respecto al repartimiento de las tierras, sirvió para distanciar más a los dos polos opuestos de la sociedad romana. Sirve de ejemplo el retorno de los pequeños propietarios a sus tierras después de la conclusión de la Segunda Guerra Púnica. Éstos solo encontraron unas tierras desoladas por una larga y dura guerra contra las huestes de Aníbal, unas tierras que requerían de una fuerte inversión económica inmediata para su puesta en explotación nuevamente, pero no disponían ningún tipo de capital para llevar a cabo esta acción. ¿Solución? O bien encontraron la solución en su venta, o bien las abandonaron y emigraron hacia nuevos territorios conquistados. Pero, tanto en una solución como otra, estas tierras terminaron en manos de un reducido grupo: la minoría dirigente quienes, con el paso del tiempo, se fueron haciendo con el control de las tierras antaño correspondientes al ager publicus de Roma[1], en condición de préstamos de la República para su explotación, o como una garantía de las operaciones financieras. Todo eso estaba en contra de las leyes Lícinas, establecidas desde el siglo IV a. C., y que restringían a cierto número la cantidad de tierras públicas en manos de un particular.

Más de un par de siglos después, Plutarco (Tiberio Graco 9, 4) reflectaría en su libro sobre Tiberio Graco en Vidas Paralelas la cruda y dura situación de los pequeños propietarios romanos:

Hasta las fieras de la selva tienen un cubil y cavernas donde poder guarecerse; en cambio los hombres que combaten y mueren por Italia no poseen nada más que aire y luz [...]. Éstos a quienes se llama dueños del mundo, y que no tienen terrón de tierras, luchan y mueren por el lujo y el enriquicimiento de otros.

Otro factor importante fue la bajada de los precios del trigo en el mercado. Con la expansión militar, los precios del trigo se redujeron notablemente, haciendo imposible para los pequeños y medianos propietarios soportar los gastos. Así, solo las explotaciones agrarias más ricas, las de los grandes propietarios, fueron las que tenían los medios económicos y el excedente de mano de obra esclava necesaria para readaptar sus tierras con la explotación de otros productos demandados, como podían ser el aceite, el vino o las frutas, entre otros.

Hasta ahora, hemos visto el malestar de aquellos pequeños propietarios que, una vez vuelven de la guerra, se encuentran con sus tierras desoladas, y sin ningún medio para sobrevivir después de su licenciamiento. Ahora, al malestar de los ciudadanos de propiedades pequeñas y medianas se unirá el del resto de aliados itálicos, quienes se quejaban de las desventajas de combatir junto a un Estado que los privaba de cualquier beneficio territorial en sus conquistas. Los dos grupos contemplarían de primera mano como los ciudadanos socialmente más poderosos se repartieron todos los beneficios de la expansión militar romana hasta finales del siglo II a. C. Uno de los principales problemas que comportó el fin del sistema político republicano se estaba gestando: el problema agrario.

Pero la voluntad de unos pocos de dar solución a la situación nunca faltó. Así pues, encontramos la propuesta que entre los años 133 y 122 a. C. intentaron sacar adelante los hermanos Tiberio Sempronio Graco y Gayo Sempronio Graco. El primero, tribuno de la plebe el año 133 a. C., intentó ayudar a aquellos más pobres que no disponían de tierras para sobrevivir. Lo que pretendía era, sobre todo, terminar o limitar lo máximo posible la desigualdad social, y disponer así de mayores efectivos para el ejército aumentando el número de propietarios (Ferrer Maestro; 2005: 389). Partiendo de la base establecida con las Leyes Lícinias, proponía un proyecto de ley o rogatio mediante el cual se limitase el ager publicus a 500 iugera (unas 125 hectáreas actuales), más unas 250 por cada dos hijos varones. Éstas, organizadas como tierras privadas, no podrían superar dichas cantidades sin infringir la ley. No obstante, la situación descrita no cambió del todo durante la República (Mangas, 1997: 12).

A pesar de todo, su compañero en el tribunado, Marco Octavio, frenó su proyecto presentado sus temores ante el Senado. Pero Graco consiguió, con ciertos procedimientos ilegales, destituir a Octavio como tribuno de la plebe, teniendo su proyecto vía libre para su aprobación. Inmediatamente después de la admisión de la ley, una comisión formada por Tiberio, su hermano Gayo y su suegro, Apio Claudio, procedieron a la recuperación de las tierras del ager publicus -en manos de los grandes propietarios- y a redistribuirlas posteriormente entre los ciudadanos más pobres de Roma.

La aplicación de la ley no dio los resultados esperados, viéndose obligados a modificar sus planes para organizar otros que afectarían al sistema tradicional romano (Suárez Piñeiro, 2003: 200). El principal problema que presentaba este repartimiento de tierras era la necesidad de los nuevos propietarios de invertir una cantidad determinada de capital para poner en marcha la explotación, pues la mayoría de estos pequeños propietarios no disponían de ningún recurso. La solución planteada por Tiberio Graco era la de extraer el capital necesario para los nuevos propietarios del erario público, una idea rehusada completamente por el Senado. Pero en este contexto se produjo la muerte del rey de Pérgamo Átalo III, quien mediante su testamento legó su reino a la República romana. Tiberio vio una magnífica oportunidad de realizar sus planes, y sin consultar al Senado convenció a la Asamblea de que destinase una parte de la herencia del difunto rey en una inversión para los nuevos propietarios para poner a punto sus tierras. Una buena medida para los ciudadanos más pobres, y una ofensa para el Senado. Tiberio Graco desafió y menospreció a la máxima institución romana, acción que le conllevó grandes problemas que terminarían con su asesinato pocos meses después.

El resultado de su política fue la obtención de más de 70.000 ciudadanos de tierras del ager publicus, quienes podrían incorporarse al ejército. Igualmente, todos estos nuevos propietarios podían llegar a convertirse en nuevos clientes políticos de la familia Graco (Ferrer Maestro, 2005: 391), obteniendo así un apoyo que no vieron con buenos ojos sus enemigos políticos. La conspiración contra su persona se produjo en el año 132 a. C., cuando Tiberio se volvió a presentar para ser reelegido tribuno. Un motín popular organizado por la oligarquía gobernante del Senado, quien pintó a Tiberio como una especie de “rey” en busca del poder absoluto, condujo al asesinato de Tiberio y de unos trescientos de sus partidarios y la posterior ejecución de otros.

Casi diez años después del asesinato de Tiberio, su hermano Gayo Sempronio Graco fue elegido tribuno de la plebe en el año 123 a. C., reelegido también el año siguiente. A él le debemos las llamadas leges Semproniae, las cuales no nos han llegado íntegramente pero conocemos sus principales aspectos: renovación de la ley agraria de Tiberio, una ley frumentaria, una ley militar, una ley viaria, una ley judicial, etc. En el ámbito social, seguramente fueron las dos primeras las que tuvieron más relevancia, la primera por el hecho de proporcionar nuevas tierras a los colonos de las nuevas colonias italianas; y la segunda porque redistribuyó trigo a todos los ciudadanos de Roma por precios inferiores a los que imponía el mercado. Gayo aprendió de la carrera pública de su hermano que su discurso político y de apoyo debía tener una base más amplia (Suárez Piñeiro, 2003: 202).


Pero de la misma forma que su hermano, terminó sepultado bajo el peso de sus propias decisiones. Después de intentar conceder la ciudadanía romana a todos los latinos y de intentar modificar el derecho al voto para el resto de aliados itálicos, el otro tribuno, Livio Druso, puso al pueblo en su contra con el temor del peligro que correrían respecto a las subvenciones y la distribución del trigo y de la tierra si eso sucediese, situación que le condujo a perder las elecciones del año 121 a. C. Poco después se votaría su ley sobre la posible fundación de una nueva ciudad, Junonia (sobre el antiguo solar de Cartago), ley muy controvertida y que originó muchos conflictos, en uno de los cuales murió uno de los seguidores del cónsul Lucio Opimio, quien obtuvo del Senado un senatusconsultum ultimum con el que atacó a los partidarios de Gayo Graco en el Aventino, dando muerte a más de doscientos de ellos y precipitando el suicidio del mismo Gayo. 

Podemos afirmar, vista la piedra ante la que tropezaron los dos hermanos, que sus causas contra la poderosa fuerza política del Senado solo hubiesen triunfado –posiblemente- con el apoyo incondicional del pueblo, a pesar de que la realidad fue muy distinta. Una de las principales causas políticas de este proceso, que condicionó la vida política de las últimas décadas de la República, fue el surgimiento de entre las clases dirigentes de dos posturas diferentes: por una parte, la de los optimates, partidarios de la tradición y la autoridad del Senado; y por otra, la del grupo de los populares, rivales políticos de los anteriores que basaron su política reformista respaldados por la Asamblea, teóricos defensores de los intereses del pueblo.

La etapa reformista de los Graco, así pues, se caracterizó por los continuos intentos de renovación, siendo el inicio de un largo período de crisis durante el cual la República vio caer sus principales fundamentos políticos e institucionales, y la sociedad experimentó una profunda y decisiva transformación en todos sus aspectos (Rodríguez Neila, 1990: 7). El resultado, como bien sabemos, fue la transformación del sistema republicano en otro de carácter más autoritario, bien monárquico.


Bibliografía
-FERRER MAESTRO, J. J., “El apogeo de la República”. Historia Antigua de Grecia y Roma, Valencia, Fco. Javier Fernández Nieto (coord.), Tirant lo Blanch, 2005, pp. 373-423.

-MANGAS, J., “La agricultura romana”. Historia 16, 84, 1997.

-RODRÍGUEZ NEILA, J. F., Los Gracos y el comienzo de las guerras civiles, Torrejón de Ardoz, Akal “Historia del Mundo Antiguo”, 1990.

-SUÁREZ PIÑEIRO, A. M., “La alternativa popular a la crisis de la República romana: legisladores para una reforma”. Polis, 15, 2003, pp. 1999-225.



[1] La conquista de Italia comportó una reordenación del territorio entre el ager publicus, territorio del Estado; el ager romanus, territorio de la ciudad de Roma; el ager italicus, territorio en posesión de los ciudadanos itálicos; y el ager peregrinus, territorio de las comunidades aliadas o dependientes (Mangas, 1997: 8).

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