De las reformas populares de Cayo Mario a la dictadura de Sila

Lucio Cornelio Sila

Durante el contexto de la Guerra de Jugurta (111-105 a. C.) surgió la figura del genio militar Cayo Mario, quien pondría fin a dicha guerra en el año 105 a. C., gracias a la ayuda incondicional que le brindaron los populares situándolo en la comandancia del ejército. Como consecuencia del estallido de éste y otros conflictos exteriores, se llevaron a cabo ciertas alternativas que iban a repercutir en la evolución política de la República (Rodríguez Neila, 1990: 32). El final de la guerra también se dio como consecuencia de la intervención diplomática de otro personaje que marcará las líneas políticas de las siguientes décadas: Lucio Cornelio Sila.

No se puede hablar sobre el general romano sin tratar, antes que nada, su reforma militar. Sería precisamente durante el transcurso de la guerra contra el nieto del rey númida y antigua aliado romano Masinisa I, Jugurta, cuando Mario empezó a perfilar la nueva organización logística del ejército. Hasta entonces, el ejército estaba compuesto por los ciudadanos distribuidos en los comicios por centurias, de entre los cuales los propietarios -aquellos que podía costearse la panoplia militar-, eran los que componían las filas legionarias. El orden militar vigente, establecido sin grandes cambios desde la época del dictador Marco Furio Camilo, casi tres siglos antes, experimentará un cambio notable. Sin duda, la guerra continua y la conquista de toda la cuenca mediterránea precipitaron cambios radicales en el tipo de servicio militar (Hopkins, 1981: 43). Los campesinos armados fueron reemplazados por un ejército profesional. Unos cambios que a la larga significarían la intervención directa del ejército en los conflictos políticos de la ciudad.

Mario creó un ejército de voluntarios, compuesto por proletarios rurales (Ferrer Maestro, 2005: 397), a quienes prometió convertir en propietarios agrícolas después de su licenciamiento. Lo que hizo fue crear un ejército profesional, compuesto generalmente por los ciudadanos más pobres, equipados militarmente gracias al erario público y con un duro entrenamiento. Estamos ante los primeros lazos directos entre legionarios y generales, intereses que condujeron a la lealtad de las tropas no hacia el Estado sino hacia su general, aquél  que prometía tierra públicas después de que se licenciasen del ejército. No podemos entender estos ejércitos personales como un contingente de mercenarios, pues estaban formados por ciudadanos romanos a quienes compraban su lealtad. Eran, en su mayoría, campesinos sin tierra reclutados en los cantones rurales de Italia, esperando el acceso a tierras a cambio de su lealtad en el campo de batalla (Roldán Hervás, 1996: 57). De esta forma, Sila llegó a formar un mínimo de veintitrés legiones (unos 120.000 soldados, sin contar las tropas auxiliares).

Durante los siguientes años, es destacable la alianza política entre Lucio Apuleyo Saturnino (tribuno de la plebe en el 103 y 101 a. C) y Cayo Mario, con acciones populares como la distribución de trigo para la plebe urbana y la concesión de tierras en la Galia y en África para sus tropas licenciadas, entre otras medidas. La situación no hizo más que intensificar los enfrentamientos entre optimates y populares. La suerte estaba echada, los bandos establecidos, y bien pronto este clima de inseguridad se implantó en las calles de Roma, estableciendo una verdadera época de terror.

La tensión política era evidente: el Senado disolvía con el uso de la fuerza las asambleas en las cuales se discutían proyectos de ley contrarios a sus intereses; pero también los populares se organizaron mediante bandas de proletarios rurales (Ferrer Maestro, 2005: 397). La situación llegó a su punto más álgido con el asesinato, durante los meses previos a la celebración de las elecciones del año 99 a. C., de un candidato de la nobilitas, situación que aprovechó el Senado para dictar un senatusconsultum ultimum para restablecer el orden en la ciudad. Cayo Mario, cónsul de la República, ejecutó las órdenes del Senado y, cercando a Saturnino y a sus populares en el monte del Capitolio, en mitad de un clima nada propicio para la seguridad de éstos, la mayoría fueron asesinados.

En mitad de este clima de inseguridad llegamos a la época de Sila. En el año 91 a. C., el tribuno Livio Druso intentó que se aprobase una nueva política popular: presentó un programa basado en las distribuciones de trigo y de tierras en suelo itálico, entre otras medidas, así como el ofrecimiento de la ciudadanía a toda la población itálica. Obviamente, las medidas no gustaron a los poderosos y, como le pasó a Tiberio Graco, Druso fue asesinado. Los aliados itálicos, entendiendo este acto como el fin de las negociaciones pacíficas para la obtención de la ciudadanía romana, decidieron actuar mediante la fuerza. El panorama para la Guerra de los Aliados estaba establecido.

Entre los años 91 y 88 a. C., la Península Itálica se encontró inmersa en enfrentamientos constantes, empeorando el peligroso ambiente en que la República llevaba algunos años hundida. Pero el Senado, ante tantos problemas, decidió conceder la ciudadanía a sus aliados itálicos, quienes se encuadrarían dentro de las ocho tribus romanas. La ciudadanía, hasta entonces, había sido un mecanismo de clave de inclusión de la población (Duplà, 2008: 24). Como escribió Cicerón (De Rep. I, 39): “Así pues, la cosa pública (República) es lo que pertenece al pueblo; pero pueblo no es todo conjunto de hombres congregados de cualquier manera, sino el conjunto de una multitud asociada por la armonía del derecho y por el interés”.

Sila, con el estallido del foco rebelde que se originó en dominios del rey Mitrídates VI del Ponto (Primera Guerra contra Mitrídates, 89-85 a. C.), fue designado como general para ir al Ponto, aunque un engranaje político entre optimates y populares terminó dejando al general fuera de acción. Éste, “demostrando una total falta de escrúpulos y la carencia” (Ferrer Maestro, 2005: 400), ejecutó su famoso golpe de Estado contra la República romana, siendo la primera vez que la ciudad eterna fue atacada por su propio ejército. Cuando dominó la ciudad declaró enemigos a los populares; algunos, como Cayo Mario, consiguieron escapar a África. Asimismo, anuló la capacidad legislativa de la Asamblea de la plebe, transfiriendo estos poderes a los comicios centuriados.

Bien pronto Sila tuvo que hacer frente a los primeros problemas de Roma. Lucio Cornelio Cina, aliado del exiliado Cayo Mario y apoyado por huestes itálicas, se apoderó de Roma con unos procedimientos muy parecidos a los del dictador. La guerra civil empezó con el retorno de las tropas de Sila de su enfrentamiento en el Ponto contra Mitrídates VI. Cina, sin aliados fuertes después de la muerte de Cayo Mario, no pudo conservar la situación y, en el año 82 a. C., con la derrota de su hijo Mario, Sila obtenía una victoria indiscutible, después de dos años de guerra civil. Listas públicas o prosciptiones de castigo para los derrotados fueron exhibidas públicamente, seguido por la incautación de todos sus bienes. Más de 5.000 ciudadanos fueron ejecutados y diversas ciudades de Italia arrasadas y sus tierras confiscadas para el asentamiento de las tropas de Sila. Sobre este suceso, Apiano escribió (Guerras Civiles I, 95): “Nada más haber pronunciado estas palabras proscribió con la pena de muerte a cuarenta senadores y a unos mil seiscientos caballeros. Parece que él fue el primero que expuso en una lista pública a los que castigó con la pena de muerte, y que estableció premios para los asesinos, recompensas para los delatores y castigos para los encubridores.

Sila, nombrado dictador con poderes excepcionales, restituyó el poder del Senado, al que dobló su número a 600 senadores. Cabe destacar que los romanos no eran partidarios de dar el poder a un solo hombre, visto el resultado que tuvo en el pasado la experiencia monárquica. La única excepción fue en caso de peligro para la supervivencia de Roma. Como escribió Cicerón (Filípicas XI, 17, 14): “(c)onferir un poder extraordinario es popular y aparatoso, pero impropio de nuestra gravedad y de nuestro orden senatorial”.

De entre los principales aspectos de la reforma de Sila, destacamos los siguientes: retornaba al Senado el control de los tribunales de extorsión; la creación de tribunales ordinarios para todo tipo de causas judiciales; la necesidad de la aprobación del Senado de cualquier proyecto de ley propuesto por el tribuno de la plebe, antes de someterlo a votación en la Asamblea; prohibición de ejercer una magistratura superior a los tribunos de la plebe; términos temporales de las magistraturas; un año de cargo para los dos cónsules y los ocho pretores de Roma; ningún gobernador provincial podría expandirse hacia límites territoriales fuera de su mandato; abolición del reparto de trigo a la plebe urbana; etc. En síntesis, unas medidas que afectaban duramente a los populares y, sobre todo, a los sectores más humildes de Roma.

Pero su plan para la reordenación de la tierra pública provocó un problema más para la ya debilitada República romana. Como escribió Roldán Hervás (1996: 57): “los métodos de Sila de asegurar la tierra para sus soldados tendrían un resultado desastroso, al hipotecar para el resto de la República el orden y la seguridad de Italia”.
Poco después Sila abandonó el poder. La República romana, lejos de paliar los graves problemas en las que estaba inmersa, se hundió cada vez más. Los continuos problemas aumentaron, encontrando el Senado la única solución en el nombramiento de hombres fuertes, una situación que “[…] dejó a la República en manos de la autocracia y facilitó el camino para la concentración del poder en unas solas manos” (Ferrer Maestro, 2005: 405).


Bibliografía
-DUPLÀ, A., “La ‘constitución romana’ como mecanismo de inclusión y exclusión”. Studia Historia. Historia Antigua, 26, 2008, pp. 21-38.

-FERRER MAESTRO, J. J., “El apogeo de la República”. Fco. Javier Fernández Nieto (coord.), Historia Antigua de Grecia y Roma, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, pp. 373-423.

-HOPKINS, K., Conquistadores y esclavos, Barcelona, Ediciones Península, 1981.

-RODRÍGUEZ NEILA, J. F., Los Gracos y el comienzo de las guerras civiles, Torrejón de Ardoz, Akal “Historia del Mundo Antiguo”, 1990.

-ROLDÁN HERVÁS, J. M., El ejército romano de la República romana, Madrid, 1996.

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